Colombia, 15 de diciembre de 2025. Desde Save the Children apoyamos y celebramos la radicación del proyecto de ley que busca tipificar los ataques a la educación como delito en Colombia. Esta iniciativa salda una deuda histórica de varias décadas, tal como lo ha señalado la Comisión de la Verdad frente al uso militar de las escuelas por parte de actores armados. Pero, sobre todo, representa un paso fundamental para garantizar el desarrollo integral de la niñez, en un contexto marcado por el aumento del reclutamiento, las víctimas de minas antipersonal, la violencia sexual, las amenazas contra estudiantes y docentes, y la ocupación de instalaciones educativas.

Esta grave situación continúa poniendo en riesgo a una nueva generación, truncando las trayectorias educativas de más de 250 mil niños y niñas afectados directamente por el conflicto armado en 2024, en más de 1.500 instituciones educativas con niveles de riesgo alto. Además de impactar a las comunidades, limita profundamente el papel de la educación como eje de construcción de paz, protección e integración local.

Desde Save the Children, venimos trabajando de manera articulada con actores locales en territorios como Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, en el marco del consorcio Creer, comunidades resilientes, escuelas resilientes para promover la implementación de escuelas seguras, fortalecer la creación de Planes de Gestión Integral del Riesgo (PEGIR) y acompañar de manera permanente a las comunidades educativas, gracias al apoyo de la Unión Europea. De manera complementaria, a través de otros proyectos a nivel nacional, seguimos apostándole a la construcción de entornos protectores dentro de las escuelas, mediante estrategias como clubes de lectura, aulas digitales y procesos de fortalecimiento comunitario.

La ausencia de un tipo penal que reconozca la magnitud de los ataques contra la educación ha invisibilizado durante años el impacto real de estas violencias. Amenazas contra docentes, por ejemplo, se registran como hechos aislados, sin considerar su efecto en toda la comunidad educativa; o la destrucción de una institución escolar se reduce a un acto terrorista sin un enfoque diferencial. Este proyecto de ley, en cambio, reconoce la educación como un bien sagrado, impulsa la implementación efectiva del plan de escuelas seguras y fortalece la política de educación en emergencias, orientada a proteger a más de 12 millones de niños, niñas, adolescentes y sus comunidades educativas en el país.

Desde Save the Children hacemos un llamado al Congreso de la República, a las entidades del Estado, a la sociedad civil y a la cooperación internacional a respaldar de manera decidida esta iniciativa, garantizar su pronta aprobación e implementación efectiva, y a redoblar los esfuerzos para que ninguna escuela vuelva a ser escenario de violencia, y ningún niño o niña vea vulnerado su derecho a aprender en entornos seguros y protectores.