Bogotá, 7 de julio de 2026.

La garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes requiere no solo voluntad política, sino también una inversión pública eficiente, sostenible y por resultados. En 2023, Save the Children Colombia y el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana desarrollaron el primer ejercicio técnico de costeo de la Política de Estado “Todos por la Infancia y la Adolescencia”, establecida mediante la Ley 2328 de 2023. (Incluir Link de Brief]

Este análisis permitió estimar los recursos necesarios para garantizar la implementación integral de la Ruta de Atención Integral (RIA) para niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 18 años, evidenciando importantes brechas de financiamiento en dimensiones clave como educación, salud, participación y cuidado.

Tres años después, los cambios fiscales, sociales y demográficos del país hacen necesaria una actualización de estas estimaciones. Factores como el aumento del salario mínimo, las nuevas proyecciones poblacionales del DANE, el fortalecimiento del Sistema General de Participaciones y la consolidación del Trazador de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del DNP han transformado el panorama de inversión pública en niñez. En este contexto, se busca ofrecer una visión más precisa de los recursos requeridos para el periodo 2025–2030, aportando evidencia técnica para fortalecer la toma de decisiones, priorizar la inversión pública y avanzar hacia una política de infancia y adolescencia verdaderamente financiada y sostenible 

Colombia ha avanzado en la inversión. Pero aún no es suficiente. La nueva actualización del costeo muestra que el  país requiere de decisiones urgentes para garantizar los derechos de esta población.

Lo clave en 10 puntos: 

1. Existe una brecha de financiamiento de $42,3 billones para garantizar la atención integral de la niñez.
2. Con los recursos disponibles hoy, y el costo de las atenciones actuales, Colombia solo podría financiar atención integral para el 68% de la niñez. Bajo las condiciones actuales de financiación, cerca de 3,3 millones de niños, niñas y adolescentes, aproximadamente el 30% de la población total de 9,87 millones quedarían por fuera.
3. Aunque la inversión creció 48%, perdió poder real por efecto de la inflación.
4. Financiar cobertura no garantiza atención integral efectiva. Aunque los cálculos indican que los recursos actuales permitirían cubrir al 68% de la niñez, esto no significa necesariamente que ese porcentaje esté recibiendo atención integral de calidad en la práctica.
5. La mayor alerta está en salud, bienestar y protección de la niñez. Los recursos requeridos para estas dimensiones aún no tienen una fuente de financiación identificada. La mayor parte de los recursos sigue concentrándose en atención a víctimas y no en prevención.
6. Cerrar la brecha no depende únicamente de crear nuevos impuestos. Reducir ineficiencias institucionales podría liberar billones de pesos anuales para inversión en niñez.
7. Colombia aún no tiene un sistema completo para rastrear cuánto invierte realmente en la niñez. Sin reportes territoriales obligatorios y homogéneos, el país no puede identificar con precisión dónde están las mayores brechas ni cómo articular los recursos nacionales y locales. El trazador presupuestal de niñez representa un avance institucional pero sigue teniendo retos en su implementación.
8. La inversión está altamente concentrada: el 79% del gasto lo ejecuta una sola entidad, limitando la integralidad intersectorial.  En 2024, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF concentró el 79% del gasto total de inversión en el trazador nacional.
9. Atender a un niño en zona rural cuesta 15% más, pero los esquemas de financiación no lo reconocen. Una política que aplique criterios de asignación homogéneos entre territorios, sin reconocer esta diferencia, reproducirá inevitablemente las desigualdades que se quieren cerrar.
10. La reforma del Sistema General de Participaciones (SGP) es la decisión de financiamiento más importante para la niñez en los próximos doce años, y se está tomando ahora. La Ley 2515 de 2025 establece un incremento progresivo del Sistema General de ParticipacionesSGP. Lo que se decida en el Congreso sobre la distribución de esos recursos y las competencias entre la nación y los territorios determinará el financiamiento de la infancia y la adolescencia por la próxima década.

¿POR QUÉ ESTO ES URGENTE?

Con los recursos actuales:

• No es posible garantizar cobertura universal
• Persisten brechas territoriales y de calidad
• La prevención sigue rezagada frente a la atención de crisis

Además, decisiones que se tomen hoy, como la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), definirán el financiamiento de la niñez durante la próxima década.

No se trata solo de gastar más. Cerrar la brecha también implica invertir mejor.

• Reducir ineficiencias puede liberar billones de pesos
• Mejorar gestión puede duplicar resultados en sectores como salud
• Se requieren nuevas fuentes y mecanismos innovadores de financiación

Garantizar la atención integral universal no depende de una sola decisión. Se requiere más recursos, mejor coordinación y decisiones políticas sostenidas en el tiempo.

Lo que se defina ahora marcará el futuro de casi 10 millones de niños, niñas y adolescentes en Colombia.