Hoy, miércoles 14 de agosto de 2024, la Comisión Primera del Senado aprobó el Proyecto de Ley 297: «Por medio del cual se elimina el matrimonio infantil, las uniones maritales de hecho, y las uniones tempranas (MIUT) en las cuales uno o ambos de los contrayentes o compañeros permanentes sean menores de edad; además, se crea el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes, y se dictan otras disposiciones». Esta aprobación marca un avance histórico en la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora, el proyecto se encamina hacia la plenaria del Senado, donde confiamos que se aprobará y pasará a sanción presidencial. 

Tanto el Comité de los Derechos del Niño como el Comité Universal de Derechos Humanos han urgido a Colombia a erradicar los matrimonios infantiles y uniones tempranas antes de los 18 años, señalando que esta práctica perjudicial tiene consecuencias devastadoras para la niñez. Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de 2015, en las zonas urbanas, el 21% de las mujeres de 10 a 19 años se unieron antes de los 18 años, mientras que en las zonas rurales esta cifra asciende al 37%, revelando una brecha de 16 puntos porcentuales. Además, más de 2.5 millones de mujeres entre 20 y 49 años contrajeron matrimonio o iniciaron una unión antes de los 18 años. Estos datos reflejan la magnitud del problema. En muchos casos de matrimonio infantil y uniones tempranas, existe trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, lo que agrava todos los perjuicios físicos, psicológicos y económicos.  

En el estudio de caso realizado por Save the Children se encontró que los efectos de los MIUT son múltiples, variados y profundos con impacto a largo plazo en sus proyectos de vida. La violencia ocurre a nivel estructural en todos los niveles.  

El Comité enfatiza que las niñas y adolescentes casadas en la infancia a menudo abandonan la escuela, son tratadas como adultas y asumen responsabilidades que no les corresponden. Estas niñas y adolescentes están expuestas a violencia, abusos y relaciones sexuales forzadas, que pueden resultar en embarazos de alto riesgo e incluso en situaciones de trata con fines de explotación sexual y trabajo forzoso, afectando gravemente su desarrollo e integridad. Adicionalmente, el matrimonio infantil forzado limita el desarrollo de niñas, niños y adolescentes, privándoles de su infancia, acceso a oportunidades y, en muchos casos, exponiéndoles a riesgos graves. Es crucial garantizar los derechos de la niñez y promover cambios que aseguren igualdad de oportunidades para todas las niñas y mujeres. 

Actualmente, el Código Civil Colombiano, en su artículo 117, establece que «Los menores de la edad expresada no pueden contraer matrimonio sin el permiso expreso, por escrito, de sus padres legítimos o naturales». Sin embargo, esta medida no penaliza la práctica ni la reconoce como nociva, perpetuando la normalización de este fenómeno en Colombia, donde las normas sociales y de género arraigadas perpetúan el control sobre las decisiones de niñas y adolescentes.