Bogotá, 2 de julio de 2026.

Tras conocerse el reporte de Medicina Legal, según el cual al menos 65 niños, niñas y adolescentes habrían muerto en operaciones militares con bombardeos durante el actual Gobierno, Save the Children expresa su más profundo rechazo al uso de bombardeos en contextos donde exista información, indicios o un riesgo razonable de presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados, utilizados o vinculados por grupos armados. La seguridad del país no puede construirse sobre la muerte de quienes ya han sido víctimas de una de las violaciones más graves del conflicto armado: el reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes. 

De acuerdo con la información reportada por Medicina Legal, las víctimas se concentran principalmente en departamentos como Guaviare, Arauca y Putumayo, donde persisten confrontaciones entre la Fuerza Pública y grupos armados ilegales. Estos hechos exigen una revisión urgente, independiente y transparente de la doctrina, los procesos de inteligencia, los protocolos de decisión y los mecanismos de protección de la niñez en operaciones militares. 

“Los niños, niñas y adolescentes reclutados son, ante todo, víctimas de una grave violación de sus derechos. Nunca pueden ser considerados objetivos militares ni tratados como un daño colateral de la guerra. La responsabilidad principal recae en los grupos armados que los reclutan y utilizan, pero ello no exime al Estado de su obligación de protegerlos. La vida y los derechos de la niñez deben ser el punto de partida de cualquier decisión relacionada con el conflicto armado”, afirmó María Mercedes Liévano, directora país de Save the Children en Colombia. 

Esta preocupación no es nueva. Durante el gobierno de Iván Duque, un informe de Medicina Legal citado por El País señaló que en al menos 12 de 31 bombardeos documentados por las Fuerzas Militares murieron 29 niños, niñas y adolescentes. Durante el gobierno de Gustavo Petro, Medicina Legal reporta al menos 65 niños, niñas y adolescentes fallecidos en este tipo de operaciones. En contraste, no existen registros públicos consolidados para el gobierno de Juan Manuel Santos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia y el acceso a la información sobre el impacto de estas operaciones en la niñez. 

El Derecho Internacional Humanitario no autoriza la normalización de la muerte de niños y niñas en la guerra. Por el contrario, exige que toda operación militar incorpore criterios de proporcionalidad, necesidad y precaución, especialmente cuando exista información o un riesgo razonable sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados. 

Los niños, niñas y adolescentes reclutados conservan una protección reforzada bajo el Derecho Internacional Humanitario. Esto significa que, aun cuando hayan sido incorporados por grupos armados, siguen siendo víctimas y toda operación militar debe adoptar medidas adicionales para proteger su vida e integridad, aplicando el principio del interés superior de la niñez y agotando todas las precauciones posibles para evitar afectaciones. 

Desde Save the Children hemos insistido en que los niños y niñas no son “mini-civiles”. Su desarrollo físico y emocional los hace especialmente vulnerables a los conflictos armados, por lo que requieren una protección reforzada conforme al Derecho Internacional Humanitario. Nuestro análisis sobre una aplicación del DIH con enfoque de niñez advierte que las evaluaciones del daño civil suelen subestimar el impacto sobre la infancia y recuerda que los niños tienen un riesgo significativamente mayor de morir o sufrir lesiones graves por armas explosivas. 

Esta preocupación también responde a una tendencia global. El más reciente informe de Naciones Unidas sobre niñez y conflicto armado registró en 2025 38.558 violaciones graves contra 24.174 niños y niñas, la cifra más alta desde que existe este mecanismo de monitoreo. La muerte y mutilación continuó siendo la violación más frecuente, con 6.266 niños asesinados y 7.958 mutilados, lo que representa incrementos del 34 % y del 10 %, respectivamente.

Desde Save the Children advertimos que este aumento está estrechamente relacionado con el uso creciente de armas explosivas, ataques aéreos, drones y artillería en los conflictos armados. Ante esta situación, Save the Children hace un llamado al Estado colombiano para adoptar una política de tolerancia cero frente a la muerte de niños, niñas y adolescentes en operaciones militares.

Esto incluye revisar el uso de bombardeos cuando exista riesgo de presencia de menores de edad reclutados, realizar investigaciones independientes y transparentes sobre cada caso, fortalecer la inteligencia humanitaria y las alertas tempranas sobre reclutamiento, y adoptar protocolos obligatorios de evaluación de proporcionalidad y precaución con enfoque diferencial de niñez. 

Asimismo, exigimos a todos los grupos armados cesar de inmediato el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, liberar a quienes permanecen en sus filas y garantizar las condiciones para su recuperación, reunificación familiar, acceso a educación y procesos de reintegración. 

La pregunta no puede ser cuántos bombardeos son aceptables. La pregunta debe ser cuántas vidas de niños y niñas estamos dispuestos a proteger antes de que una operación militar sea ejecutada. Mientras el reclutamiento siga siendo una realidad en Colombia, la protección de la niñez debe ser el punto de partida de toda decisión militar, no una evaluación posterior a la tragedia.