• En Colombia, a diciembre de 2023, había 2.8 millones de venezolanos, de los cuales 789.000 eran niños y niñas.  

• En el país el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), implementado en 2021, ha sido una medida importante para promover la integración social y económica de las personas migrantes y una de las iniciativas más completas de la región. 

Save the Children junto a la Defensoría del Pueblo tuvieron la iniciativa de realizar un Informe regional sobre la situación de la niñez y adolescencia migrante en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá busca dar cuenta de la situación de derechos humanos en el marco de los procesos migratorios que se han consolidado en América Latina, esto en respuesta al incremento de casos de vulneración de los derechos de la niñez. Este informe fue realizado por el Centro de Estudios en Migración de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y financiada por Save the Children. 

Este trabajo conjunto tuvo tres propósitos específicos: 1. Identificar las características principales, similitudes y diferencias de las dinámicas de migración de niños, niñas y adolescentes; 2. Revisar normativas, programas, políticas y prácticas enfocados en protección; 3. Identificar y analizar los vacíos, retos, avances y buenas prácticas para la protección y garantía plena de los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, lo anterior con el objetivo de formular recomendaciones concretas para los tomadores de decisiones y personas involucradas en temas de políticas nacionales e internacionales. 

Para cumplir con lo anterior, este análisis se enfocó en cinco aspectos principales: 1) los mecanismos de regularización migratoria para la niñez y adolescencia migrante, como herramientas fundamentales para el acceso a derechos y servicios, así como para la prevención contra cualquier forma de violencia; 2) el acceso a la nacionalidad y el riesgo de apatridia, abordando el tema de acceso a documentos de identidad; 3) el acceso a derechos y servicios, tales como educación, salud y programas de inclusión social; 4) la respuesta a la situación y necesidades de las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados; y 5) los riesgos de vulneraciones a los derechos humanos en los países de tránsito y destino, tales como el trabajo infantil, la trata de personas, el tráfico de migrantes, el reclutamiento, uso y utilización. El análisis se realiza por los 4 países involucrados, los avances y desafíos de cada punto. 

Finalmente, se realiza una evaluación general de las barreras al acceso a los derechos básicos de la niñez, las carencias y desafíos de los sistemas de protección para la niñez, los peligros de las rutas de tránsito, la falta de coordinación entre países y capacidad de respuesta regional, y la importancia de implementar enfoques diferenciales para dar respuestas a necesidades específicas. El informe concluye con una serie de recomendaciones enfocadas en la protección de la niñez y para superar las brechas y barreras observadas en los puntos mencionados anteriormente.