Bogotá, febrero de 2020. En el marco de la celebración de los 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño (CDN), seis organizaciones internacionales de la sociedad civil que trabajan por los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país: Child-Fund Alliance, Plan International, Save the Children International, Aldeas Infantiles SOS Internacional, Terre des Hommes International Federation y World Vision International, a las cuales se sumó la Alianza por la Niñez Colombiana, decidieron unirse y, de manera conjunta, presentar un documento en el que recogen los avances y desafíos de Colombia en esta materia.

Este proyecto surgió de un debate mantenido en 2017, con el apoyo de la Fundación Rockefeller, que llevó a la colaboración «Joining Forces» (Uniendo Fuerzas) entre las organizaciones más importantes de la sociedad civil en atención a la niñez y juventud más vulnerable. En la actualidad, la labor de Joining Forces se centra en dos vertientes: ¡Child Rights Now! (¡Derechos de la Niñez, Ahora!), iniciativa de la que forma parte el presente informe, y Ending Violence Against Children (Eliminar la Violencia Contra la Niñez).

Es importante señalar que la CDN fue incorporada a la normatividad colombiana con la Ley 12 de 1991 y que su implementación ha requerido de un proceso de transformación de los actores del Estado, sus instituciones y de la sociedad en general, así como el cambio de la mirada de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, sujetos titulares de derechos prevalentes y agentes de cambio y transformación social y cultural; reformas legislativas, formulación de políticas públicas, cambios de paradigmas y lógicas de Estado y transformaciones en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil y el comienzo de un abordaje de relaciones con los niños, niñas y adolescentes.

Y si bien es cierto que en estas tres décadas se han logrado avances significativos, con programas interinstitucionales orientados a la supervivencia, al desarrollo y a la protección, otros con énfasis en atención a los niños y niñas; y se hacen reformas legislativas en dos de los sectores claves para la garantía de los derechos de la niñez y adolescencia como son educación y salud, y se comienzan a visibilizar en el presupuesto nacional los recursos destinados a las niñas, niños y adolescentes, aún queda mucho camino por recorrer.

Por eso las seis organizaciones plantean en el documento claros y urgentes desafíos que debe atender no solo el Estado sino la sociedad entera como el cumplimiento de los derechos de la niñez, que en el país evidencia brechas inaceptables pues no todos los 15’448.285 colombianos menores de 18 años gozan de sus derechos de manera equitativa (aquí entran en juego el lugar donde nacen o viven, su género, su etnia o si sufren de algún tipo de discapacidad.

Estas organizaciones también llaman la atención en el sentido de que aún no se han formulado indicadores para cada uno de los 44 derechos consagrados en el Código de la Infancia y la Adolescencia, con los que se garantiza la protección integral de esta población, lo que dificulta identificar las acciones que deben ser priorizadas en el marco de la implementación de la CDN.

Así mismo, estudios realizados por la mesa de protección de la Alianza por la Niñez Colombiana, con la Procuraduría General de la Nación, afirman que las cifras del sistema de protección muestran que las autoridades competentes no han entendido su rol en el marco de la prevención de la vulneración de los derechos y que, por el contrario, no se ve como una obligación. Además, no hay claridad sobre las medidas de prevención que se pueden implementar y no existen directrices claras para el funcionamiento del sistema nacional de bienestar familiar en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos.

A esto se suma que las medidas de restablecimiento no siempre están dirigidas al niño y su entorno. “La falta de individualización del niño en el proceso por parte de la autoridad administrativa hace que no conozcan la situación de los niños sobre quienes desarrollan los procesos administrativos, ni los entrevistan durante todo el proceso, lo cual genera un problema de identificación del niño y sus condiciones particulares y por ende decisiones que no se ajustan a la realidad de ese niño”, indica el informe.

Ante esas y otras situaciones, el Comité hizo observaciones y recomendaciones para materializar lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño, donde manifiesta que los diferentes tipos de violencias contra los niños, niñas y adolescentes son los mayores desafíos que tiene Colombia, y resalta que esta situación se agrava cuando se suma la violencia por el conflicto armado, situación que demanda medidas urgentes.

Por otro lado hace énfasis en otras problemáticas en sobre la explotación sexual comercial, la pornográfica, y la trata de personas con fines sexuales. Como aspectos que perpetúan estas situaciones menciona el tema de impunidad que, como lo señala el Consejo de Estado, supera el 90 por ciento frente a la violación de los derechos y los procesos de judicialización; y recomienda facilitar el acceso a la justicia de los niños y niñas víctimas de la violencia, facilitando mecanismos amigables de denuncia, el apoyo legal y enjuiciando a los presuntos responsables ante la justicia.

Finalmente, la CDN se refiere a la baja calidad de los servicios de educación y salud, al igual que a los déficits en las zonas rurales; la criminalización de la adolescencia expresada en la tendencia a bajar la edad de imputabilidad penal y el aumento de sanciones; evaluar y ajustar las políticas sobre la prevención del reclutamiento de niños, en particular en las regiones más afectadas por el conflicto armado, e incrementar las medidas para proteger a los niños/niñas indígenas y afrocolombianas y sus familias de la violencia, la violencia sexual y el conflicto armado; además de considerar como víctimas a todos los niños/niñas reclutados y/o utilizados por la BACRIM, hoy GAO, y utilizados por otros grupos armados.

Las organizaciones reclaman que también es necesario garantizar que los niños y niñas no sean separados de sus familias por razones de pobreza o recursos financieros, entre las recomendaciones para los demás derechos de la infancia y adolescencia. “Lo anterior, sin olvidar que en el marco del Acuerdo de Paz se establecieron unos compromisos cruciales para el país que impactarían a niños, niñas y adolescentes, ya que aún están pendientes por resolver: temas como educación rural, por ejemplo, está en espera de una propuesta para su desarrollo”, advierte el documento.