El descontento social, extendido por todo el país, se ha caracterizado por la masiva participación de jóvenes como protagonistas de las movilizaciones y ha tenido como epicentro a Cali, donde se han reportado múltiples casos de violencia policial, más del 80% de los muertos durante las protestas (36), eventos de vandalismo, enfrentamientos entre grupos de la sociedad civil, bloqueos y desabastecimientos.

Cali conjuga una situación social y política compleja, es la ciudad capital con la mayor tasa de homicidios por 100 mil habitantes (44.2) casi el doble de la tasa nacional, es la principal receptora de desplazados por el conflicto armado provenientes del sur del país (sur del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño), donde llegaron más de 100 mil personas huyendo entre 1997 y 2011 quienes se han asentado en comunas periféricas de la ciudad con altos índices de pobreza, acceso limitado a servicios públicos y de salud, en un contexto con altos índices de homicidios, bandas y narcotráfico. Recientemente además Cali se convierte en la quinta ciudad con mayor número de migrantes, más de 59 mil, con vocación de permanencia.   

Tanto la población migrante como la local se ve expuesta a situaciones de inseguridad, la falta de oportunidades para los jóvenes, la dificultad para acceder a la educación superior, así como el desempleo y las dificultades agudizadas debido a la pandemia por COVID-19; ponen a los jóvenes en una situación de alto riesgo para fines del microtráfico, explotación sexual y control territorial, lo cual ha dado lugar a situaciones de desplazamiento intraurbano. Sólo en 2021 más de 11 mil personas en su mayoría comunidades étnicas del pacífico colombiano se vieron afectados por este tipo de violencia.  

A nivel nacional, Cali es después de Bogotá la ciudad con un mayor aporte al índice de pobreza (10,6 %) y la cuarta en la que más población cayó en esta condición, pasando de 21.9% en marzo de 2020 a 36.6% en 2021. Se registró la cifra más alta de desempleo con 18,7% frente a la nacional de 13.8 %, situación que afecta principalmente a jóvenes (28%) mujeres (32,4% frente a 24.2% en hombres de 14 a 28 años). Según el DANE, los jóvenes del país consideran que entre las principales dificultades que enfrentan están la pérdida de trabajo y fuentes de ingreso durante la pandemia (28%) y la suspensión de clases presenciales (59%). De acuerdo con una encuesta realizada entre el 7 y 10 de mayo por el Centro Nacional de Consultoría, el 81% de los jóvenes respalda el paro nacional, para el 95% los hechos de violencia los hacen sentir inseguros para salir a la calle en un 95 % y los sentimientos predominantes son: el miedo por la violencia que ha desatado y puede desatar (45 %), la rabia por lo que está sucediendo (21%) y la frustración porque no ven una salida (20 %). A pesar de que sólo un 13 % dice estar optimista, el 90 % cree que las protestas son necesarias para las democracias y el 70% considera que las manifestaciones sí le han servido al país o que han generado un efecto inmediato. 

“Pues siempre he vivido en una zona donde confluyen muchas desigualdades. Esto que está pasando no es nuevo y no es de asombrarse, es reflejo de que el país estaba por quebrarse y los mayores afectados son los jóvenes, quienes -como yo- ni siquiera tenemos acceso a una educación apropiada. Ahora lo único que se siente en Cali son los miedos de las familias porque les maten a sus hijos e hijas”, señaló uno de los 300 participantes de los procesos que lleva Save the Children en Cali con niños, niñas y adolescentes.

El 9 de mayo se registraron enfrentamientos entre miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- y vecinos de zonas residenciales. En principio se presentaron bloqueos de las vías para evitar la entrada de la MINGA indígena a Cali, pero posteriormente se convirtió en una cadena de acciones violentas. Con testimonios por parte de los indígenas quienes relataron sobre agresiones recibidas con armas de fuego con apoyo de la policía, se da a conocer un saldo de ocho indígenas heridos; hechos que se vieron rápidamente amplificados en las redes sociales. Tras los disturbios, el Presidente de la República pidió que se realizara «el mayor despliegue» de fuerza pública en Cali, instó a que se levantaran los bloqueos de las vías e hizo un llamado a los indígenas para que regresaran a sus comunidades.

De acuerdo con datos reportados por organizaciones de derechos humanos y humanitarias, se han registrado 423 agresiones, 78 a mujeres; 163 desaparecidos en proceso de verificación con las familias (dos de niños y adolescentes), 220 detenidos de los cuales hay dos casos de 13 y 17 años mientras que en los otros no se han reportado las edades por parte de las autoridades. En todos los “puntos de resistencia” de la ciudad, hay presencia de niños y niñas entre los 8 y 11 años y adolescentes de 12 a 17. La prolongación de los bloqueos y la organización de los grupos en la formación de barricadas al interior y en las salidas de la ciudad de Cali, son una señal para algunos de que el descontento social se mantiene.

“Nos solidarizamos con los jóvenes y acompañamos en estos momentos a los habitantes de Cali y nuestros equipos de trabajo, quienes en estos momentos continúan trabajando para que niños, niñas, adolescentes y sus familias estén protegidos, aprendan y sobrevivan”, afirmó María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save the Children Colombia.

En línea con las declaraciones de las Naciones Unidas y distintos actores de la comunidad internacional, expresamos nuestra preocupación por los eventos en Cali y hacemos un llamado a la calma y el diálogo  (US, UE, CIDH). Además, es de destacar la importancia de activar espacios como la mesa de garantías para las manifestaciones públicas y encuentros con jóvenes en la ciudad de Cali, que permitan definir mecanismos específicos para canalizar las distintas voces de los jóvenes, definir metodologías, articular con autoridades y manifestantes corredores humanitarios para abastecer la ciudad.

De esta manera, hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, ciudadanía, aliados y comunidad internacional para que:

• Cese la violencia contra los manifestantes, se esclarezcan los hechos y se adelantes las investigaciones que han dado lugar al menos a 36 muertes, dos de ellos de 17 y 19 años, 423 agresiones, así como a la búsqueda de 163 desparecidos registradas hasta el 12 de mayo.
• Se promueva un dialogo directo entre Gobierno y manifestantes, así como la descentralización de la conversación con metodologías inclusivas que tengan en cuenta la edad y género con un enfoque permanente de Derechos Humanos.
• Se promuevan las condiciones para el retorno seguro a la escuela y reforzar las opciones de generación de ingresos y transferencias monetarias en el marco de la pandemia, priorizando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
• Se difundan mensajes para el autocuidado y expresión pacífica de las demandas de los jóvenes que mitiguen los hechos de violencia en el país.
• Se avance frente a la adopción de las Declaración de Escuelas Seguras y mantener así las escuelas como zonas de paz, para que cesen las ataques y afectaciones contra estudiantes, maestros, escuelas y universidades.
• Se asegure por todas las partes el respeto al trabajo de las organizaciones humanitarias.
• Se asegure la protección integral de la población venezolana asentada o en tránsito y el monitoreo ante expresiones de discriminación que fomenten la violencia.
• Se defienda la implementación efectiva de los Acuerdos de Paz como parte del proceso conjunto de construcción de paz en el país.