• No permitir acceso a vacunas para migrantes venezolanos los discrimina, vulnera su derecho a la salud y pone en riesgo comunidades de acogida
• 947.106 migrantes en condición irregular, no accederían a la vacuna contra la COVID-19.
• Ampliación  de medidas de regularización migratoria e inclusión en programas de vacunación junto con comunidades receptoras más vulnerables, únicas formas de prevenir riesgos

Bogotá, 23 de diciembre de 2020. Save the Children se suma a la preocupación de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, de ONG´s Internacionales, figuras públicas y en línea con lo establecido en las convenciones suscritas por Colombia relacionadas con los Derechos de los Trabajadores Migrantes y la Convención sobre los Derechos del Niño, frente a los anuncios del Sr. Presidente de la República el 21 de diciembre de excluir del acceso a la vacuna contra la COVID-19 a los migrantes en condición irregular en Colombia.

Esta decisión, no sólo atenta contra el principio de no discriminación afectando a las personas en condición de mayor vulnerabilidad, como los niños, niñas, adolescentes migrantes y sus familias, sino que además vulnera su derecho fundamental a la salud. Esto constituye un grave error desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública para con las poblaciones receptoras, además de contradecir el compromiso ético y de solidaridad que ha caracterizado la respuesta del Estado Colombiano frente a la crisis humanitaria en Venezuela.

Consistente con el principio de no discriminación, los Estados deben prestar especial atención a las barreras prácticas que enfrentan grupos específicos, como son las familias provenientes de Venezuela de satisfacer sus derechos fundamentales a la salud, debido a su situación irregular, por falta de documentación y colapso del sistema de salud y medidas preventivas por parte de su país de origen. El mínimo que todo Estado debe preservar frente a las personas bajo su control sin excepción involucra entre otras el acceso a medicamentos esenciales, como puede ser considerada la vacuna, los cuales no pueden ser restringidos sobre la base de nacionalidad o estatus migratorio, cuya obligación no son derogables y continúan existiendo aún en condiciones de emergencia como las actuales generadas por la pandemia.

Contrario al Efecto Llamada, bajo la cual busca justificar esta medida de excluir a los migrantes irregulares de la vacuna en Colombia, la migración no parará, y por el contrario existe evidencia suficiente que señala como dejar de lado en el esfuerzo de vacunación a grupos en condición de mayor vulnerabilidad como los migrantes provenientes de Venezuela, pone en mayor riesgo a comunidades receptoras en Colombia. Aunque Colombia generosamente provee servicios de urgencias y medicina preventiva a los migrantes indocumentados, estas medidas no son suficientes para prevenir el contagio de enfermedades transmisibles, ya que no incluyen el acceso completo a los servicios de salud.

Es por esto que hacemos un llamado a las autoridades de salud y al Gobierno, para replantear esta decisión y:

1. Profundizar con medida de regularización general, que permitan detectar y frenar el contagio una vez se presente, sin temores para los más de 900 mil migrantes irregulares a que su acceso a la salud tenga consecuencias sobre su permanencia en el país.
2. Asegurar la inclusión de poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad en contextos de respuesta humanitaria dentro de los programas de vacunación contra la COVID-19COVID-19a
3. Limitar las expresiones discriminatorias en contra de población migrante en el marco de la pandemia, por los riesgos que estas puedan tener en promover la xenofobia

Mayor información: Marcela Campos | Coordinadora Nacional de Comunicaciones | jeniffer.campos@savethechildren.org