Bogotá, 23 de diciembre de 2020. Save the Children se suma a la preocupación de organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja, de ONG´s Internacionales, figuras públicas y en línea con lo establecido en las convenciones suscritas por Colombia relacionadas con los Derechos de los Trabajadores Migrantes y la Convención sobre los Derechos del Niño, frente a los anuncios del Sr. Presidente de la República el 21 de diciembre de excluir del acceso a la vacuna contra la COVID-19 a los migrantes en condición irregular en Colombia.
Esta decisión, no sólo atenta contra el principio de no discriminación afectando a las personas en condición de mayor vulnerabilidad, como los niños, niñas, adolescentes migrantes y sus familias, sino que además vulnera su derecho fundamental a la salud. Esto constituye un grave error desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública para con las poblaciones receptoras, además de contradecir el compromiso ético y de solidaridad que ha caracterizado la respuesta del Estado Colombiano frente a la crisis humanitaria en Venezuela.
Consistente con el principio de no discriminación, los Estados deben prestar especial atención a las barreras prácticas que enfrentan grupos específicos, como son las familias provenientes de Venezuela de satisfacer sus derechos fundamentales a la salud, debido a su situación irregular, por falta de documentación y colapso del sistema de salud y medidas preventivas por parte de su país de origen. El mínimo que todo Estado debe preservar frente a las personas bajo su control sin excepción involucra entre otras el acceso a medicamentos esenciales, como puede ser considerada la vacuna, los cuales no pueden ser restringidos sobre la base de nacionalidad o estatus migratorio, cuya obligación no son derogables y continúan existiendo aún en condiciones de emergencia como las actuales generadas por la pandemia.
Contrario al Efecto Llamada, bajo la cual busca justificar esta medida de excluir a los migrantes irregulares de la vacuna en Colombia, la migración no parará, y por el contrario existe evidencia suficiente que señala como dejar de lado en el esfuerzo de vacunación a grupos en condición de mayor vulnerabilidad como los migrantes provenientes de Venezuela, pone en mayor riesgo a comunidades receptoras en Colombia. Aunque Colombia generosamente provee servicios de urgencias y medicina preventiva a los migrantes indocumentados, estas medidas no son suficientes para prevenir el contagio de enfermedades transmisibles, ya que no incluyen el acceso completo a los servicios de salud.
Es por esto que hacemos un llamado a las autoridades de salud y al Gobierno, para replantear esta decisión y:
Mayor información: Marcela Campos | Coordinadora Nacional de Comunicaciones | jeniffer.campos@savethechildren.org